Tú no matarás… yo si

17 enero, 2012

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El Tribunal Supremo de los EEUU se ha pronunciado acerca de la demanda interpuesta por dos reos condenados a muerte y que ha supuesto durante siete meses, la existencia de una moratoria para la aplicación de la pena capital por medio de una inyección letal.

El hecho ha venido motivado por la presunta vulneración de la Octava Enmienda de la Constitución de ese País, que señala la prohibición de “causar sufrimiento cruel e inusual”, al exponer los demandantes que el método utilizado para ajusticiar a los condenados implica en ocasiones terribles padecimientos físicos para las victimas.

Y la conclusión del Alto Tribunal, que ha desestimado la propuesta es la siguiente: “Simplemente porque un método de ejecución pueda causar dolor, sea por accidente o como ineludible consecuencia de la muerte, no conlleva el riesgo de que se produzca daño objetivamente intolerable suficiente para denominarlo cruel e inusual”, añadiendo que: “La inyección letal es el método más humano”.

Pentotal Sódico para que el convicto pierda la consciencia, Bromuro de Pancuronio con el fin de paralizar los músculos de la respiración y finalmente Cloruro de Potasio, que bloquea los impulsos eléctricos del corazón y lo detiene. Ese es el trío mortal, esa es la aplicación más macabra de la Ciencia, el fin más execrable al que se podrían haber dedicado los resultados obtenidos gracias a los trabajos de investigación de numerosos científicos. Es, en definitiva, el progreso al servicio de la brutalidad humana.

El Tribunal se refiere a “posibilidades de dolor” y a dichas probabilidades como “accidentes o ineludibles consecuencias de la muerte”. ¿Ineludibles?, no se pueden evitar las erupciones volcánicas o el cáncer, pero inyectar tres sustancias con resultados letales a un ser humano y que por ende dicho proceso cause un sufrimiento espantoso claro que puede impedirse. Simplemente, – por utilizar el mismo término con el que en encabeza su decisión este Grupo de Juristas -, no haciéndolo. Aseguran que no pueden considerarse las excepciones habidas como “riesgos objetivamente intolerables suficientes para denominarlo cruel e inusual”, entonces, ¿lo llamamos “daños colaterales”?, acepción por cierto muy querida y empleada por los estamentos de poder de EEUU para justificar sus desmanes en todo el Planeta y que sin duda y para nombrar un ejemplo muy cercano, servirá de consuelo a los familiares y amigos del cámara español José Couso , asesinado en Bagdad por tropas estadounidenses.

Magistrados que dan el visto bueno para continuar matando personas que en muchos casos padecerán una agonía horrible, políticos que en su totalidad y en plena campaña electoral no hacen la más mínima mención a la inutilidad de la pena de muerte y un gran número de ciudadanos, partidarios de su continuidad e incluso complacidos espectadores de la función mediática que en ese País constituye cada ejecución. Me pregunto cuál sería la consideración acerca de la efectividad de esta sentencia de todos ellos si el encausado y condenado fuese su hijo, si se aplicase con el mismo criterio a poderosos que a pobres y a marginados, a blancos que a negros e hispanos.

Y siempre saldrán las voces que recuerden a la víctima a la que asesinó el ajusticiado, al dolor de sus deudos y a lo irreparable de las consecuencias de su acción. Es cierto, nadie podría negar que esas personas, en su inmensa mayoría fueron los causantes de un mal sin justificación alguna y que como tales, merecen cumplir una pena ajustada a su delito pero, ¿resarce de algún modo su muerte el daño que han infligido?, ¿mitiga su ejecución el dolor de los que perdieron a un ser querido por su culpa?, ¿sirve como ejemplo para que otros no cometan la misma atrocidad?, y sobre todo y ante todo, ¿tiene remedio cuando investigaciones posteriores determinan, como ha ocurrido en no pocas ocasiones, que aquel que el Sistema determina que debe de morir como justo pago a su crimen, resulta que era inocente y que se cometió un error judicial con su incriminación’? ¿Qué hacemos en esos casos?, ¿aplicamos el mismo castigo a los causantes de un fallo que costó la vida de un ser humano cuyo delito consistió en estar sometido a un poder judicial repleto de fisuras y errores?

La muerte ni redime ni regenera al culpable ni consuela al perjudicado. Sólo es la expresión última y más macabra de una Sociedad que no sabe que hacer con aquellos que vulneran el orden vigente; es el reconocimiento de la incapacidad para establecer protocolos válidos que supongan la reinserción efectiva de delincuentes. La pena de muerte es la degeneración más flagrante del Poder establecido, puesto que supone el asesinato legal, el crimen consentido y aún aplaudido contra el que no cabe recurso alguno. Que la Ley admita y regule cómo hay que quitarle la vida a una persona, demuestra que el hombre es la menos racional de las bestias y que Civilización, Democracia, Justicia o Derechos, no son más que términos sin el menor valor, puestos al servicio de los intereses de determinados estamentos en los que radica la capacidad de decidir sobre todos los ámbitos de la existencia del resto de los ciudadanos, incluida su vida, que nada tienen que ver con afanes de igualdad, solidaridad, progreso, educación, convivencia o respeto, sino con una purga premeditada de todo aquello que puede constituir un elemento indeseable, una traba para el perfecto funcionamiento del Sistema, una tara o un peligro que hagan tambalearse los cimientos de una Sociedad piramidal.

¿Qué diferencia hay entre un Estado que consiente la Pena de Muerte y un individuo que asesina a unas personas por cualquier motivo? El criminal actúa fuera de la Ley, la misma que ampara al primero para cometer una acción cuyo resultado es idéntico en ambos casos, pero de cualquier modo, el resultado es que unos y otros arrebatan vidas cuando no puede existir razón alguna que justifique matar aunque el crimen disfrute del aberrante calificativo de legal.

Tal vez hoy, gracias a la decisión del Tribunal Supremo, el País que invadió Irak, que mantiene Guantánamo, que comercia con armas, que sufraga guerras, que pone y quita gobiernos a su antojo siempre por intereses económicos, en el que cualquier ciudadano puede poseer armas y que llora al desaparecido Presidente de la Sociedad del Rifle Charlton Heston, la misma Nación que se autoproclama como la mayor defensora de los derechos humanos, como el paradigma de las libertades, como ejemplo de democracia y como baluarte de los principios morales y éticos que deben de guiar a la Humanidad, se sienta mucho más tranquila sabiendo que por los corredores de la muerte, volverán a desfilar seres humanos enfundados en sus monos anaranjados camino de una cabina con amplios ventanales, en la que su sufrimiento y su muerte constituirán el bálsamo reparador de unas heridas que, sin embargo, esta cruel realidad no podrá cerrar, porque a pesar de sus leyes que amparan el asesinato a manos del Estado, lo cierto es que es uno de los Países con mayor índice de delincuencia y que ni la horca en su día, ni la silla eléctrica después o la inyección letal hoy, han conseguido que aquellos que por una causa u otra cometen un crimen, se detengan por temor a ser ejecutados.

Acostumbro a escribir sobre cuestiones de maltrato animal y a menudo, me pregunto de dónde puede provenir esa capacidad y afición que tiene el hombre para torturar y matar criaturas no racionales escudándose en las más peregrinas razones. Sigo sin tener la respuesta a esa cuestión pero, a decir verdad, conociendo noticias como ésta, no tengo la menor duda de que sólo el ser humano es capaz de llegar a tales grados de refinamiento y cinismo a la hora de convertirse en juez y verdugo no sólo de individuos pertenecientes a otras especies, sinó también de sus iguales. Perdón, no quise decir iguales, quise decir estorbos.

Autor: Julio Ortega Fraile

Fundador y responsable de la Plataforma “Manos Rojas” que aboga por la abolición del Toro de la Vega en Tordesillas.

Autor del blog: www.findelmaltratoanimal.blogspot.com